Nota Editorial

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Los métodos alternativos de resolución de conflictos (íti1ASC), reconocidos en nuestro sistema jurídico de tiempo atrás, han experimentado notables cambios en la última década, no sólo en los principios y normas que los rigen, sino también en la percepción que, de esos métodos, tienen los abogados, jueces, funcionarios públicos y empresarios.

Como es bien sabido, los MASC fueron acogidos por el Código de Comercio de 1971, por el Decreto 2279 de 1989 y consignados luego en la Carta de 1991, así como en la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, promulgándose también las Leyes 23 de 1991 y 80 de 1993. Cabe mencionar otras normas más recientes como la Ley 315 de 1996 sobre arbitraje internacional, la Ley 446 de 1998 con algunas modificaciones al arbitramento doméstico y la compilación del Decreto 1818 de 1998.

Sin embargo, hoy día, son conocidos por la opinión pública los cuestionamientos que se ciernen sobre estas instituciones, particularmente cuando se debaten conflictos surgidos en los contratos estatales, a pesar de que el legislador de 1993consideró deseables los métodos alternativos y así lo estableció expresamente en la Ley 80.

Con varios fallos recientes del Consejo de Estado en torno a la anulación de controvertidos laudos arbitrales y con las investigaciones disciplinarias, penales y fiscales que han surgido con motivo de ciertos contratos celebrados por entes administrativos en los que ha existido pacto arbitral o conciliación, se ha abierto un debate de gran trascendencia en el país que requiere, ante todo, transparencia en la contratación pública, eficacia e imparcialidad en la administración de justicia, garantizando a la vez la seguridad jurídica que tanto reclaman los empresarios nacionales y extranjeros. Para éstos últimos, quienes estiman fundamental dirimir los conflictos contractuales por la vía del arbitraje utilizando reglamentos y foros confiables, la problemática reciente se ha convertido en un auténtico y adicional riesgo político, cuyos efectos en la economía del país están todavía por verse.

En el presente contexto, además, es de gran importancia lograr una definición más precisa de lo que constituye en Colombia la materia transigible, pues ya no bastan el enfoque clásico ni los criterios generales mencionados por el Código Civil al reglamentar el contrato de transacción. Los árbitros, al igual que las instancias encargadas de resolver los recursos de anulación contra los laudos, han examinado con mayor profundidad el asunto para determinar hasta dónde llega la competencia de los tribunales de arbitramento.

Vale la pena mencionar la Ley 640 de 2001, sobre conciliación, cuya vigencia comenzó recientemente y la anunciada reforma estructural al arbitraje, como algunas de las reacciones institucionales ante la polémica que hoy enfrentamos.

Por ello, la Revista de Derecho Privado consideró oportuno dedicar un número al arbitraje y a la conciliación, divulgando investigaciones y estudios que abordan los MASC desde distintas perspectivas, con el fin de contribuir en forma serena y con rigor académico al debate que se plantea.

Con beneplácito registramos la vinculación de nuevos miembros del Consejo Editorial, tres importantes juristas colombianos que aportarán su amplio conocimiento y trayectoria docente, académica y profesional a las labores de la Revista de Derecho Privado: Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Gilberto Peña Castrillón y Juan Pablo Cárdenas Mejía. A ellos les agradecemos su gentileza al haber aceptado acompañarnos en esta tarea editorial, desde donde queremos enriquecer la investigación jurídica en Colombia.

La linea editorial de la Revista se mantendrá en temas o enfoques novedosos del derecho privado en sus aspectos patrimoniales, publicando escritos de probada calidad científica, certificada por pares externos.

Nos es grato también haber participado y obtenido un lugar destacado, junto con otras revistas de la Universidad de los Andes, en la Convocatoria del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), enderezada a financiar publicaciones científicas. Este reconocimiento nos llena de satisfacción y celebramos que el ICFES, como institución oficial del sector educativo, apoye nuestra labor.

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