Nota Editorial

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La empresa como base del desarrollo, dice la Constitución Política, tiene una función social que implica obligaciones. Esta declaración lleva a afirmar que sobre la empresa recaen claros deberes en los que es necesario armonizar los postulados de la libertad económica y los del Estado social de Derecho.


La empresa y el empresario ya no son figuras que interesan sólo al derecho comercial, según la clásica definición del artículo 25 del Código de Comercio colombiano, la cual hace referencia a la actividad económica organizada cuyo titular dispone los recursos y asume el riesgo de la empresa, con ánimo de lucro. A partir de la Carta de 1991, estas iniciativas pueden originarse tanto en el sector privado como en el público y en el solidario; su finalidad puede ser especulativa o sin ánimo de lucro. Todas estas organizaciones, como entes económicos, realizan actividades productivas, buscando la generación de excedentes monetarios cuyo destino puede ser diverso: retribuir el capital, prestar servicios a sus propios miembros o a la comunidad en general. Todos los empresarios participan en el mismo mercado y deben por ello acometer los esfuerzos necesarios para que su actividad sea rentable y sostenible en el tiempo.

El empresario privado no está hoy día concebido únicamente como creador de beneficios para sus accionistas como lo afirmaba Milton Friedman, ni debe limitarse a cumplir la ley; sus deberes van más allá en el Estado social de Derecho. Sin abandonar su tarea de crear riqueza, fomentar la investigación y el avance tecnológico, proporcionar bienes y servicios a los consumidores, se le imponen conductas como sujeto socialmente responsable. Es por ello que se le exigen más altos estándares de ética que satisfagan los intereses y las necesidades de diversos actores que se ven involucrados en su actividad: accionistas, trabajadores, consumidores, competidores, comunidad en general. El empresario tiene mayores retos de competitividad en la economía globalizada y precisamente por esa razón su compromiso con el desarrollo sostenible, el medio ambiente, los derechos humanos, la protección efectiva de los derechos de los trabajadores y las minorías, entre otros aspectos, deben estar en la agenda de los líderes empresariales del Siglo XXI.

No son simples políticas paternalistas o acciones altruistas - que a veces se inspiran realmente en un interés egoísta o de conveniencia- las que se exigen de los empresarios en el mundo actual. Si bien las obras espontáneas de beneficencia son plausibles, las cuantiosas donaciones para mejorar la imagen corporativa, la creación de fundaciones para aumentar el prestigio de un conglomerado económico o para lograr beneficios tributarios, no son las actitudes que se reclaman del estamento empresarial en sociedades tan necesitadas de comportamientos éticos que se proyecten en la sociedad.

La Revista de Derecho Privado número 40 dedica sus páginas al tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). No es la primera vez que presentamos escritos sobre esta problemática: en 1997, a pocos años de promulgada la Constitución, publicamos en el número 21 de la Revista el ensayo “Función social de la empresa privada” escrito por Reynaldo Pinilla, en el marco de una investigación realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes.

Hoy, desde novedosas perspectivas, la Revista retoma el estudio de este aspecto que ha sido objeto de interesantes debates impulsados por la academia, tanto por la ciencia jurídica como por la administración de empresas. No creemos que sea una cuestión de simple tendencia o moda; estamos en presencia de un desafío que compromete tanto a la empresa misma como a los teóricos y a los gobiernos ahora y hacia el futuro. Nos preguntamos: ¿Cómo lograr que la empresa mantenga su función de motor de la economía con un compromiso genuino hacia el bienestar de la población como una de sus metas prioritarias? ¿Cómo hacer compatible la idea liberal de la libertad económica con la necesidad del desarrollo sostenible?¿Puede hacerse realidad la propuesta del Estado social de Derecho de tener un aparato productivo robusto garantizando a la vez el desarrollo social, el respeto de los derechos fundamentales y la igualdad material? ¿Podremos, en suma, lograr que los empresarios cumplan a cabalidad sus deberes sociales? Varios autores han aceptado la invitación de la Revista para mostrarnos sus perspectivas sobre distintas problemáticas de la RSE, a quienes agradecemos de manera especial.

En primer lugar, la Profesora Amparo Jiménez, experta en el tema, en su artículo que titula “Hacia una práctica gerencial responsable: conceptos, prácticas y perspectivas actuales”, muestra, desde la administración de empresas, el estado del arte en lo concerniente a la RSE. Con apoyo en los autores contemporáneos más importantes, presenta la evolución de esta idea y sus relaciones con en el desarrollo económico sostenible. La Doctora Jiménez plantea cómo la RSE se erige como fundamento de la legitimidad de la empresa y afirma, citando la literatura relevante, que el empresario moderno tiene obligaciones mas allá de sus obligaciones legales pues los objetivos de la empresa no se circunscriben al interés particular de sus accionistas sino aparecen subordinados a los intereses de la sociedad.

En los Estados Unidos, como prototipo de economía capitalista, hizo carrera la afirmación “ganancias primero, filantropía después”. Pero en los años recientes, relata la autora, se ha hecho patente la necesidad de fomentar otros valores a través de la responsabilidad social de la empresa, cuyos objetivos básicos son, entre otros, el mejoramiento del bienestar de los empleados a través de políticas de recursos humanos y generar mayor confianza de consumidores.

También se han puesto al orden del día las preocupaciones ambientales para asegurar el desarrollo sostenible, considerando el impacto de las decisiones actuales sobre las generaciones venideras. En general, se menciona que los empresarios no sólo deben rendir cuenta a sus propietarios sino a la sociedad entera, respetando los legítimos derechos de todas las partes interesadas (stake holders). Por último, el artículo muestra un caso colombiano a través del cual se observa la aplicación de los diversos criterios propios de las políticas de RSE, en procura de obtener la eficiencia económica con equidad social.

En segundo lugar, se incluye un interesante escrito de Natalia Angel, Profesora de la Facultad de Derecho, “La discusión en torno a las soluciones del soft law en materia de responsabilidad social empresarial.” Por soft law se entiende el conjunto de normas establecidas en forma voluntaria y espontánea por las empresas en relación con compromisos medioambientales, anticorrupción, de respeto a los derechos humanos, de garantías laborales efectivas, entre otros, carentes de obligatoriedad formal y de sanción jurídica en caso de incumplimiento. Se contrapone al hard law o derecho positivo de origen estatal que impone a las empresas estándares obligatorios en esas mismas materias.

En un entorno globalizado, las empresas transnacionales mantienen un poder económico notable frente a los países pobres en vía de desarrollo y se observa la falta de regulaciones pues muchos Estados se tornan permisivos con tal de ser atractivos para la inversión extranjera, a toda costa.

En una exposición crítica pero rigurosa cuestiona esta autora: ¿Cómo debe garantizarse el buen comportamiento de la empresa? ¿Cuál es el mecanismo más idóneo: la libre y espontánea voluntad de las empresas soft law- derecho blando con soluciones voluntarias de autorregulación o las regulaciones estatales con carácter obligatorio o hard law?

El artículo pregunta si en últimas, en materias tan sensibles como los derechos humanos, la conciencia ambiental y la justicia social el soft law ideado por las propias empresas es una normatividad adecuada y suficiente para asegurar que éstas actúen observando los más altos éticos y sean socialmente responsables.

El soft law se manifiesta además mediante recomendaciones para adopción voluntaria por parte de los empresarios; sus mecanismos principales son los esquemas de certificación, los códigos de responsabilidad corporativa y los mecanismos de reporte para las empresas. A su vez, los instrumentos internacionales del soft law son auspiciados por distintas entidades, (generalmente organismos internacionales y ONG’s), interesadas en la protección del medio ambiente, en la promoción y respeto de los derechos humanos, así como por organizaciones de trabajadores.

En fin, este escrito plantea un debate de importantes consecuencias sobre los mecanismos jurídicos que deben regir la RSE en el ámbito de los negocios internacionales; sobre el rol de los empresarios y de los Estados en la fijación e implementación de políticas que efectivamente garanticen que la actividad empresarial se desenvuelva dentro de un marco de respeto de los derechos humanos y del medio ambiente.

Por último, el Profesor y Director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, César Rodríguez Garavito, puntualiza la problemática de la RSE en el campo de los derechos de los trabajadores. En su artículo “Gobernanza Global y derechos laborales: códigos de conducta y luchas antimaquila en las fábricas globales del vestido en México y Guatemala”, muestra las tensiones entre los derechos laborales y las prácticas fabriles de la economía global.

En su exposición, el autor enfatiza la existencia de asimetrías de poder entre el capital transnacional y mano de obra local; sostiene que no es suficiente la existencia de códigos de conducta empresarial sino se requieren sistemas de monitoreo para comprobar su efectividad, tanto en materias laborales como en derechos humanos y medio ambiente. Estos sistemas de monitoreo están generalmente a cargo de Organizaciones No Gubernamentales, es decir, actores no estatales, ante fracaso del Estado y fracaso del mercado, como lo refiere el Profesor Rodríguez.

En el estudio teórico y de campo realizado por el autor –este último en fábricas de reconocidas marcas de ropa en México y Guatemala- observa cómo los trabajadores y los sindicatos adquieren mayor poder de negociación, así como más altas posibilidades de conseguir mejoras duraderas en las condiciones de trabajo, cuando existen códigos de conducta que los empleadores deben cumplir, junto con sistemas de monitoreo independiente a cargo de terceros. En ese contexto se pretende no sólo el mejoramiento de los derechos individuales de los trabajadores locales sino el respeto a la libertad de asociación y garantía de los derechos sindicales. Por último, el escrito destaca el papel trascendental que deben cumplir la sociedad civil, las ONG’s, las entidades internacionales y la academia en propiciar las condiciones para que la responsabilidad social de las empresas en el ámbito global y en particular la protección de los derechos colectivos de los trabajadores, sea una realidad.

En el año de la conmemoración de los cuarenta años de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, es muy satisfactorio presentar a la comunidad este Número -también 40- de la Revista de Derecho Privado, cuya temática es de suma relevancia en la esfera jurídica, empresarial, económica y de políticas públicas en el mundo actual. Los escritos que en ella se divulgan serán sin duda alguna piezas muy valiosas para comprender el fenómeno de la responsabilidad social empresarial desde una perspectiva contemporánea y más realista.